Según José Miguel Briceño
14 de Septiembre del 2014.
SEGUNDO MENDOZA (CNP 5718) - Este martes 16 de septiembre, comienza el año escolar 2014-2015 en todas las escuelas de educación inicial, primaria, media general y media técnica, derecho progresivo establecido en ordenamiento jurídico vigente.
En este nuevo año escolar, los maestros nacionales y estadales -denuncia- José Miguel Briceño, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (Suma), subsisten con el 36.6% producto del crecimiento acelerado de la inflación, la cual deteriora a cielo abierto, todos los sueldos y salarios de los educadores nacionales como estadales.
Una prueba de ello, es que, el indicador inflacionario del mes de agosto de este año, según el BCV, alcanza el 63.4%, lo que revela la cruda realidad de sobrevivencia en la que viven a diario, los educadores de todo el país, y en particular, los del estado Trujillo.
Inflación desatada
Y es que, cada día que transcurre, se demuestra oficial, pública y comunicacionalmente que, el gobierno bolivariano no tiene ningún control social, político y económico para minimizar, frenar o disminuir este desastre inflacionario.
En este escenario, y es terrible decirlo, no hay nada nuevo para los educadores nacionales como estadales activos jubilados, pensionados, interinos y suplentes, porque el cacareado y anunciado aumento salarial del 15%, corresponde a lo firmado por las federaciones nacionales signatarias de la VII CCN, el pasado 18 de Octubre del 2013, el cual completará, el porcentual salarial del 75%, muy criticado en años anteriores porque jamás se acercó a los índices inflacionarios de ese año.
De allí, que no compensa por ningún lado la mayor suma de felicidad social, económica y el buen vivir de todos los educadores y su grupo familiar.
Una nueva espera
El magisterio tanto nacional como estadal -precisa- tendrá que esperar más de 12 meses, para poder mejorar su poder adquisitivo porque el gobierno bolivariano del siglo XXI, no incluyó ninguna previsión laboral, presupuestaria y financiera para el próximo año.
Además de esta precariedad salarial, el gobierno bolivariano del siglo XXI mantiene una mora laboral por la violación contractual del 62.16% de las cláusulas que se firmaron, el 18 de octubre del 2013 entre el MPPE y las federaciones nacionales signatarias del VII CCN y Estadal con 30 meses de retroactividad producto del 63%, de los educadores activos, jubilados y pensionados, 10 meses de bono vacacional para los trabajadores activos de la educación y la implementación del tabulador salarial de los TSU, 10% para el mes de Junio, más 15%, en septiembre 2014 de los educadores jubilados, pensionados y 200 Bs. para completar los mil del bono asistencial y de salud.
La historia se repite
La historia se repite año tras año, y es que, como siempre, los planteles no están aptos para recibir a los alumnos, obras inconclusas, hacinamiento, aulas prestadas, sin sedes propias, paredes y pisos con grietas, sin pintar, mientras el plan de rehabilitación avanza en algunos centros educativos, en otros no aparecen por ningún lado las mejoras de infraestructura, que en muchos casos se convierten en parafernalia político-partidistas para promocionar candidaturas.
Bono bolivariano
En cuanto al bono bolivariano, debe aplicarse el ordenamiento jurídico vigente, sin privilegios ni contemplación alguna, comenzando por los propios funcionarios socialistas y revolucionaros del siglo XXI que cobraron este beneficio, sin conocer las aulas de clases, sin haber impartido 60 segundos de clases, porque jamás conocieron la tiza o los marcadores acrílicos.
Inclusive estos dizque "revolucionarios" de nuevo cuño, cobraron remuneraciones multimillonarias y otros servidores públicos cobran bono nocturno y nunca aparecen por la institución donde están registrados como nómina, por ahora los servidores públicos que conforman la zona educativa y la Dirección de Cultura y Deporte han guardado un silencio sepulcral, el propio Gobernador del Estado, la Defensoría del Pueblo y la comisión de desarrollo social e integral tienen todas las probanzas necesarias para emitir cualquier investigación o pronunciamiento respectivo.
